Los legisladores volverán el miércoles al recinto, en lo que sería la penúltima sesión de 2017, para abordar un orden del día con al menos 16 asuntos. Entre ellos se destaca un proyecto impulsado por oficialistas y opositores para establecer una Ley de Juego Responsable en Tucumán.
La iniciativa apunta a la creación de un programa de prevención y lucha contra la ludopatía, que incluye diferentes medidas.
Por ejemplo, se pondrá un tope horario al funcionamiento de las casas de juegos de azar. Según el proyecto, esos locales no deberán abrir sus puertas durante al menos cinco horas diarias, más allá de que sea día hábil, fin de semana o feriado. La reglamentación de la norma determinará el lapso específico de cierre obligatorio.
Además, quedará prohibida la instalación y funcionamiento de cajeros automáticos o cualquier otro tipo de mecanismo de expedición de dinero mediante préstamos, empeño de bienes o cheques, etcétera, en todas las salas de juego habilitadas. También estará expresamente vedada “la utilización de tecnologías de transacciones electrónicas, de pago, ya sea por medio de tarjetas de crédito o debito, o bien por transferencia de cuentas a los efectos de la participación en juegos de azar en todas las salas”.
El texto que llegará al recinto de sesiones cuenta con el dictamen favorable de la comisión de Prevención de las Adicciones de la Cámara. Fueron tenidos en cuenta dos proyectos. Por un lado, el firmado por Claudio Viña (bloque Fuerza Republicana), José María Canelada (jefe del bloque UCR) y Ramón Santiago Cano (jefe del bloque oficial Tucumán Crece). Por otro, el rubricado por los oficialistas Sara Assán, Nancy Bulacio, Irene Graciela Medina, Sandra Mendoza y Marcelo Caponio. Más allá de algunas diferencias técnicas, ambas propuestas apuntan al combate y la prevención de la ludopatía. Coinciden, por ejemplo, en el lanzamiento de un registro de autoexclusión de las salas de juego y de apuestas. La intención es que las personas en recuperación o con tendencias al juego compulsivo se puedan inscribir en una base de datos confidencial para que se les prohiba el ingreso a esos locales hasta por seis meses. Además, esos negocios tendrán que colocar en el acceso a sus instalaciones frases referidas a los riesgos que implican las adicciones al azar. También está prevista la habilitación de un “0800” para la prestación de un servicio de ayuda en casos de urgencias.
El proyecto elevado por Assán y sus colegas incluye la prohibición de la venta y suministro de bebidas alcohólicas a partir de las 22. La propuesta de Viña y sus pares, en tanto, contempla importantes sanciones para diversas infracciones, como el envío de publicidad a menores de 18 años y la omisión de incluir en esos avisos comerciales las advertencias sobre la ludopatía. En caso de faltas leves habrá apercibimientos, pero si se detectan hechos graves y reiterados se puede disponer la clausura por un año del local y multas por hasta 10.000 litros de nafta súper (es decir, unos $ 200.000 en caso de que el costo unitario sea de $ 20).
“Los juegos de azar ganan cada vez más terreno en todo el país, al tiempo que no se terminan de confeccionar estadísticas oficiales y, por lo tanto, se hace más difícil de combatir el juego problemático. Y si bien no todos los que asisten a un casino o sala de juego son adictos, se trata de una actividad sobre la que se vuelve necesaria una regulación por parte del Estado”, planteó Viña en la iniciativa. Y añadió: “es fundamental que una casa de juego de azar cierre en algún momento del día sus puertas. No puede ser una actividad continua que. En el caso de un adicto, no da siquiera la posibilidad de marcharse a su casa para recapacitar”.
Assán planteó que la ludopatía es “de difícil detección”. “Es una actividad completamente legal, que no incluye ningún tóxico evidente. Se dirá que el alcohol también es legal, pero a diferencia del juego, su exceso está reglado y hasta prohibido. Con los juegos de azar sucede lo contrario: desde las maquinarias comerciales se potencia su exceso”, indicó.